La medida implicará un importante ahorro para las empresas.

El Gobierno nacional puso fin a la obligación de realizar aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de pago a favor de cámaras, asociaciones o agrupaciones empresariales por parte de los empleadores que no estén asociados o afiliados a las mismas, salvo que estos acepten hacerlo de manera voluntaria. Esta disposición quedó establecida en el Decreto 149/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial.

El decreto establece que estas cláusulas compulsivas carecen de fundamento normativo y afectan la autonomía de las partes en las negociaciones colectivas, así como la libertad de contratación y afiliación de los empleadores. Además, vulneran principios constitucionales de legalidad y representatividad. Por esta razón, el Gobierno no homologará ni registrará convenios o acuerdos colectivos que contengan este tipo de imposiciones.

Las cámaras empresariales tendrán un plazo de 90 días para adecuarse a la nueva normativa.

Con esta medida, se busca garantizar que los convenios colectivos regulen únicamente las condiciones laborales, evitando que se utilicen como una herramienta para imponer cargas económicas ajenas a la relación de trabajo.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó el impacto positivo de la medida:

“Este decreto es el resultado de los numerosos pedidos de ayuda de empresas y comercios que recibimos a través de distintos canales, como el sistema Reportá la Burocracia. Con este cambio, les devolvemos a millones de empresas, consumidores y trabajadores un dinero que se les había quitado de manera compulsiva.”

Un ejemplo claro de este impacto es el caso del sector comercial, donde los aportes obligatorios por actividades de capacitación alcanzaban los 6.000 millones de pesos mensuales.

Sturzenegger también subrayó el trasfondo de la medida: “El Decreto 149/25 elimina un privilegio importante de la casta: la posibilidad de establecer ‘impuestos privados’ en beneficio de sectores privados.”